La formación ciudadana en Chile es uno de los temas educativos de mayor interés público, lo que ha llevado a revalorizar el rol de la escuela en el fortalecimiento del compromiso democrático (Kerr, 2015). Por ello, desde 2016, se encuentra vigente el Plan Nacional de Formación Ciudadana y DDHH, que exige a todo establecimiento educacional contar con una propuesta para desarrollar una educación para la ciudadanía democrática que permita al estudiantado participar activa y deliberativamente, ejerciendo sus derechos y asumiendo sus responsabilidades en la toma de decisiones, desde un compromiso ético con lo público y el bien común (MINEDUC, 2013). Para ello se deben integrar las oportunidades curriculares, la cultura escolar y la vinculación con la comunidad, para democratizar la escuela, creando espacios concretos de participación y gestionando el currículo para promover acciones programáticas y extraprogramáticas que desarrollen conocimientos, habilidades y actitudes fundamentales para actuar en la construcción de una sociedad democrática. Aunque este marco legal establece que la tarea de formar ciudadanos es de toda la comunidad escolar, la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales tiene una función particular porque es la única que en su estructura curricular tiene un eje de Formación Ciudadana, incorporando explícitamente contenidos y objetivos de aprendizaje desde 1º básico a 2º medio. Entre estos objetivos está desarrollar actitudes que permitan establecer lazos de pertenencia con su entorno social, a través del conocimiento y valoración de su historia personal, de la comunidad y del país, siendo el patrimonio uno de los medios para promover esta reflexión (MINEDUC, 2013b). En este contexto, la educación patrimonial es una oportunidad para promover en el estudiantado habilidades y predisposiciones para la ciudadanía activa (Cox & Castillo, 2015), porque contribuye al desarrollo de las responsabilidades ciudadanas de interpretar y participar de la realidad multicultural de las sociedades e identificar los distintos niveles identitarios que conviven dentro ella, a través del patrimonio cultural. Ello implica, en primer lugar, asumirlo democráticamente, integrando tanto el patrimonio institucionalizado, como los patrimonios locales, familiares y personales y el patrimonio emergente vinculado a la memoria colectiva (Burgos, 2018). Y en segundo lugar, exige que el estudiantado lo considere como algo propio que hay conocer, valorar y disfrutar, porque contribuye en la construcción de su identidad personal y social y le permite participar a escala local y global como un ciudadano responsable, analizando los conflictos entre las lógicas ecológica, económica y social (Estepa, 2013). Sin embargo, la evidencia ha puesto de manifiesto que ni las instituciones escolares, ni el profesorado se encuentra lo suficientemente preparado para enfrentar esta tarea formativa (Agencia de la Calidad, 2016). Las escuelas siguen siendo espacios jerarquizados y autoritarios, aislados de la comunidad y con muy pocos espacios para la participación democrática del estudiantado. Y los profesores, por su parte, constituyen uno de los eslabones más débiles en la implementación de la propuesta formativa, porque reconocen que no se encuentran los suficientemente preparados ni conceptual ni didácticamente para formar ciudadanía (García, 2017; UNESCO, 2017).