Este artículo analiza la conflictividad política que se gestó en una villa colonial de la zona central de Chile, hacia fines del siglo XVIII, como resultado de la aplicación de la Real Ordenanza de Intendentes de 1786. Efectivamente, el nombramiento de Martín de la Vega Quiroga como subdelegado de la villa de San José de Logroño de Melipilla (1794-1798), provocó fuertes cuestionamientos entre la élite local, los cuales se incrementaron a lo largo de su gestión. Para el Procurador General de la villa, Vicente Vargas, que representaba las opiniones de los vecinos, se trataba de un sujeto ajeno a la comunidad, que abusaba del poder que le había sido conferido y que utilizaba el cargo para su enriquecimiento personal y el de sus allegados. Estas tensiones y conflictos relevan que la aplicación de las reformas borbónicas fue resistida por las élites locales, las cuales las vieron como una injerencia en asuntos que consideraban de su competencia y que, a la vez, introducían en la comunidad a sujetos que alteraban las estructuras tradicionales del poder.
