Estudiantes del doctorado invitan a participar en seminario sobre la Ley Indígena de 1972

INSPIRACIÓN DE LA CONVOCATORIA

“Dijo el pueblo: «Venceremos», y vencimos.

Aquí estamos hoy, compañeros, para conmemorar el comienzo de nuestro triunfo. Pero alguien más vence hoy con nosotros. Están aquí Lautaro y Caupolicán, hermanados en la distancia de Cuauhtémoc y Tupac Amaru…”.

Con estas palabras, Salvador Allende Gossens abría su discurso presidencial al asumir la investidura como máxima magistratura de la Nación, a comienzos de noviembre de 1970. Con esas mismas palabras, Allende aspiraba a darle reconocimiento histórico a sectores del movimiento mapuche que habían apoyado especialmente su candidatura, y con quienes había mantenido una alianza política a lo largo de los años sesenta. Allende reconoció el problema histórico de usurpación de tierras y la necesidad de establecer una nueva relación con los pueblos originarios del país. Prueba de ello fue que acogió, durante sus primeros días de mandato (diciembre de 1970), un proyecto de nueva ley indígena impulsado por un sector específico del liderazgo mapuche de los años sesenta, con el objetivo de recuperar sus tierras ancestrales (usurpadas por latifundistas y terratenientes locales) y definir una normativa que pudiera proteger, por tanto, sus respectivas tierras comunitarias, entre otros temas relativos a sus derechos políticos, territoriales y culturales. En efecto, el gobierno de Allende se había propuesto articular una nueva relación con el pueblo mapuche, enviando en mayo de 1971 un proyecto de ley sustentado en las propias discusiones del movimiento mapuche, sus organizaciones y comunidades.

Este intento de democratización de las relaciones entre el Estado chileno y los pueblos indígenas contribuyó a la creación de la Ley Indígena N°17.729, promulgada durante el segundo semestre de 1972, la cual –no obstante las modificaciones fundamentales que le imprimió al proyecto original un sector de la oposición a Allende en el Senado– se había propuesto plantear una solución al problema de las tierras usurpadas y, sobre todo, el problema de la división de las tierras comunitarias, es decir, se había propuesto atender una demanda largamente postergada por los gobiernos chilenos del siglo XX. Más tarde, mediante el decreto 2.568 de 1979, Augusto Pinochet revertirá los avances en materia indígena

Entre otras cuestiones, la ley de 1972 también definía al indígena por su identidad cultural, incorporando por primera vez la dimensión étnica del problema; y respetando sus tradiciones, costumbres y creencias, con lo cual el gobierno se proponía articular una novedosa comprensión entre las políticas de “integración nacional” y las bases de una cierta autonomía política y territorial. Al mismo tiempo, esta ley creaba el Instituto de Desarrollo Indígena (IDI), con sede en  Temuco, orientado a centralizar las políticas públicas hacia los mapuche. Hacia 1973, tras formar una Comisión de Restitución de Tierras Usurpadas y utilizar diversos mecanismos de la Ley de Reforma Agraria (expropiación de tierras), el gobierno de la Unidad Popular había restituido, efectivamente, cerca de 198.000 hectáreas a las comunidades mapuche (85% del total de las tierras expropiadas en la Araucanía entre 1970-1973). Aunque poco estudiada, esta fue una experiencia única en la historia social y política del movimiento mapuche durante el siglo XX chileno.

Sin embargo, más allá del papel que jugaron las organizaciones, movimientos y partidos políticos de la izquierda chilena, el liderazgo mapuche fue una fuerza social y política que hizo sentir la especificidad histórica de sus reivindicaciones y demandas respecto del proyecto socialista impulsado por la izquierda. Desde la crisis de la Corporación Araucana –principal organización de referencia política al interior del movimiento mapuche desde los años cincuenta del siglo XX–, un sector del campesinado mapuche comenzó a exigir, cada vez más, un inusitado protagonismo político en los procesos de recuperación de tierras. ¿Qué implicancias políticas tuvo el ascenso de un Gobierno Popular para las luchas mapuche? ¿Cuál fue la relación, más específicamente, entre el gobierno de Allende y el (mal) llamado “problema indígena” del siglo XX chileno? Durante los “mil días” de Allende, diversos sectores del campesinado indígena del sur chileno comenzaron a gestar las bases de un nuevo movimiento mapuche, activando procesos de negociación y conflicto con el Estado, y participando, sobre todo, en una de las experiencias más emblemáticas de construcción de “poder popular” a nivel nacional: los Consejos Comunales Campesinos en la provincia de Cautín. Esta experiencia política y militante fue fundamental para el movimiento mapuche de los años ochenta.

La memoria de este período de nuestra historia social y política fue duramente reprimida tras el golpe de Estado y la dictadura cívico-militar de Pinochet; también por los siguientes gobiernos de la Concertación. Tal como señaló el historiador estadounidense, Peter Winn, la verdadera “memoria prohibida” de nuestra historia reciente ha sido la memoria de la Unidad Popular, dada esa enorme experiencia de movilización colectiva y luchas políticas de la clase trabajadora, el campo popular y los pueblos indígenas, luchas orientadas a cimentar un nuevo orden de justicia social para los explotados y oprimidos del país. Pero la “memoria social” avanza por sus propios cauces y, en el caso chileno, en dirección contraria a la “memoria oficial”. Aunque el movimiento mapuche autonomista ha tenido sus propios ritmos históricos y políticos, la revuelta popular del 18-O y el desarrollo de la Convención Constitucional –con la participación, por primera vez en la historia de Chile, de “escaños reservados” a los pueblos originarios– ha vuelto a poner a la orden del día las históricas demandas indígenas.

EJES TEMÁTICOS

En tal contexto, a partir de este encuentro dinámico entre la memoria social y el interés por la historia Mapuche de la Unidad Popular, se convoca a la comunidad académica (y no académica), interesada en reflexionar, desde la historia y las ciencias sociales, sobre la relación entre la participación política mapuche y algunos procesos sociales y políticos claves del siglo XX, con énfasis en torno a la llamada ‘vía chilena al socialismo’ (1970-1973), aunque no reducido a ello, intentando reflexionar desde una perspectiva histórica lo más amplia posible. En tal sentido, se ha decidido proponer algunos ejes temáticos posibles para exponer:

-Colonialismo, leyes indígenas y prácticas estatales

-Las leyes indígenas y el movimiento mapuche

-Radicación, usurpación de tierras y violencia terrateniente

-Formación de la gran propiedad rural capitalista en la Araucanía

-Organizaciones, movimientos y líderes mapuche del siglo XX

-Mujeres mapuche y feminismos indígenas: acción, potencia y pensamiento

-Memorias del despojo, la usurpación y la violencia

-Influencias ideológicas y alianzas políticas

-Cuestión mapuche y reforma agraria

-Experiencias y organización mapuche en los centros urbanos

-Intelectuales indígenas y escrituras mapuche del siglo XX

REQUISITOS DE POSTULACIÓN

Los postulantes (estudiantes, académicos, del mundo social) deberán enviar un resumen de 500 palabras (aprox.), indicando nombre, filiación institucional (si la tiene), correo electrónico, título de la exposición y resumen general de la propuesta (objetivos, enfoque de análisis, metodología, etc.), al correo:  jornadasleyindigena@gmail.com, con copia a los coordinadores del evento: Jaime Navarrete Vergara (jaime.navarrete.vergara@gmail.com) y Marie Juliette Urrutia (marie.urrutialeiva@gmail.com).

La recepción de propuestas finalizará el día 15 de octubre de 2022.  La participación en este Seminario será gratuita y contará con una certificación del Departamento de Historia de la Universidad de Santiago de Chile y de la Escuela de Historia de la Universidad Diego Portales.